COLUMA DE OPINIÓN: Eve Crowley, Representante de FAO Chile

 

Chile tiene un marco regulatorio ambiental en proceso de consolidación, existiendo importantes avances en el fortalecimiento de las políticas y las instituciones ambientales. Sin embargo, es un modelo que aún tiene vacíos para dar cuenta de los compromisos internacionales, como es la carencia de financiamiento e institucionalidad específica asociada a la protección de la biodiversidad, particularmente de los bosques nativos.

El bosque nativo, es uno de los pocos sectores, si no el único, que presenta un balance positivo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, capturando más del 75% de las toneladas de CO2 que emiten los sectores Energía e Industrias, según datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Chile serie 1990-2016 del Ministerio del Medio Ambiente. En efecto, la conservación de los ecosistemas forestales nativos es clave para avanzar en el cumplimiento de metas climáticas, pero además es una solución de largo plazo al cambio climático.

En este contexto, es que desde 2014, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Chile ha estado desarrollando un Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos (SIMEF). Para ello, se ha logrado la coordinación de instituciones gubernamentales, como INFOR, CONAF y CIREN, alcanzando un mecanismo consensuado de evaluación y monitoreo que mide el estado y condición de los bosques, la biodiversidad, los aspectos socioeconómicos que forman parte de ellos y el uso de la tierra.

La iniciativa se proyecta como el mayor y más completo sistema de información de los bosques nativos del país para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de los compromisos nacionales, así como una contribución al conocimiento de los bienes públicos y el capital natural. Es, además, una plataforma inédita que proporcionará información transparente a los ciudadanos democratizando las políticas ambientales.

A la fecha, SIMEF ha dado grandes pasos. Se ha ampliado el inventario nacional forestal a todo el territorio nacional (antes sólo se realizaba desde la región de Coquimbo a Magallanes), sumando de paso a las formaciones xerofíticas en el norte del país. Asimismo, el diseño e implementación del primer inventario nacional de biodiversidad, que ha permitido conocer las especies que habitan en torno a los ecosistemas forestales nativos, y se ha actualizado la metodología para medir el cambio de uso de la tierra.

De esta manera, SIMEF pone al país en la vanguardia del conocimiento de sus bosques y ecosistemas forestales, permitiendo evaluar el stock de carbono y los cambios y proyecciones del mismo en el tiempo, algo de enorme interés para la próxima COP 25. El evento internacional, no sólo será una oportunidad para que el Estado chileno muestre sus grandes avances y compromiso en materia medioambiental, sino que también será un espacio para dar muestras concretas de medidas que ayuden a reducir y mitigar los efectos del cambio climático, como es la conservación efectiva de los bosques nativos.

En consecuencia, SIMEF es un proyecto que complementa y fortalece la política pública en el marco de un conjunto de cambios normativos en desarrollo que permitirán a Chile disponer de la institucionalidad y gobernanza robusta, entre las que se incluyen: la Ley de Cambio Climático, el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Servicio Forestal; normativas cruciales para elevar las ambiciones de las contribuciones nacionales determinadas (NDC) de Chile el año 2020.

Ahora,el desafío es que el SIMEF se institucionalice y se transforme en un programa regular del Estado chileno, para que a través de un monitoreo permanente, el manejo y conservación del bosque nativo se siga fortaleciendo.

De esta forma, el país estará colaborando sustantivamente con las acciones mundiales para enfrentar los desafíos climáticos, pero también estará aportando beneficios sociales y económicos a diversos actores que dependen de este patrimonio natural, como la producción de agua en calidad y cantidad para el caso de la agricultura y las comunidades rurales, o el valor paisajístico y cultural que entrega para el desarrollo de un turismo sustentable.

 

 

 

 

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